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Trabajo creará una agencia de la Seguridad Social

El secretario de Estado, Octavio Granado, fusionará la Tesorería con el Inss para unificar la recaudación con el abono de las pensiones.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, quiere crear una agencia para simplificar y mejorar los procedimientos administrativos de recaudación de las cotizaciones sociales y de pago de las pensiones. No es una reforma sencilla por la complejidad de un organismo que, por ejemplo, este año gastará en pensiones 93.339 millones de euros e ingresará, por cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores, 112.436 millones de euros.

Hay que tener en cuenta que, junto a la Agencia de la Administración Tributaria, la Seguridad Social es el único organismo que tiene el Gobierno central para actuar sobre la distribución de la renta y el equilibrio territorial en toda España.

En este sentido, el objetivo del Gobierno es unificar en una agencia la Tesorería y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (Inss). Es decir, los organismos encargados de gestionar y recaudar los recursos y de reconocer y pagar las pensiones y el conjunto de las prestaciones. Esta reforma implica necesariamente la reordenación de los 35.000 funcionarios, la unificación de los sistemas informáticos y de los inmuebles en toda España, según informan las fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas por EXPANSIÓN.



Un modelo más sencillo

La Agencia de la Seguridad Social es un viejo proyecto que ya intentó poner en marcha Juan Carlos Aparicio, cuando era secretario de Estado con el Gobierno del PP. Sin embargo, al final no salió adelante, porque se opusieron los ministerios de Hacienda y de Administraciones Públicas. Ambos departamentos interpretaban que la nueva Agencia de la Seguridad Social podría suponer más gasto por ser una nueva ampliación de la Administración central y por la política salarial y la gestión de personal que pretendía Aparicio.

El entonces secretario de Estado de la Seguridad Social quería independencia en todos estos aspectos respecto a las líneas maestras que, en este terreno, marcan Hacienda y el área de Administraciones Públicas, que hoy está en la Vicepresidencia Primera del Gobierno. Modelo que no está siguiendo Granado en sus conversaciones con Economía y Hacienda.

El actual secretario de Estado defiende una estructura “más sencilla, que no tiene que ser igual que la Agencia Tributaria. Aparicio estaba más interesado en los muebles que en el edificio. Nosotros pensamos lo contrario y, por lo tanto, que siga siendo Hacienda la que marca la política salarial y las líneas maestras de la gestión de personal”, reflexionan en Trabajo. Sin embargo, el secretario de Estado va a tener que hacer frente a dos problemas importantes en la política de personal.

El primero, en la reorganización de los 35.000 funcionarios, para situar más gente allí donde haga más falta, lo que puede tropezar con la rigidez laboral. Es muy difícil mover a un funcionario por necesidades del servicio, aunque sea de una provincia a otra y, obviamente, se necesita el acuerdo de los sindicatos.

El segundo problema, y que, en parte, está en relación con el primero, es “el corporativismo” existente entre los funcionarios. Es decir, que, con relativa frecuencia, son reacios a colaborar entre ellos en función de su procedencia administrativa. “Es habitual encontrar todavía que, unos a otros, se describen como procedentes del mutualismo”. Es decir, las entidades profesionales –y gremiales– de protección laboral que había antes de la unificación de todas ellas en la creación, a finales de los años sesenta, en la creación de la Seguridad Social.

Incompatibilidad

Incluso, el problema, de aparente incompatibilidad entre funcionarios, se extiende entre quienes proceden de la Tesorería de la Seguridad Social y del Inss. El caso es que, en muchas provincias españolas, todavía hay una oficina del Inss y una oficina de la Tesorería. Se trata pues de unificarlas, lo que reduciría costes de todo tipo para la Seguridad Social.

En cierta manera, la reforma administrativa sigue a la modificación de la financiación de la Seguridad Social. Es decir, a la separación entre lo que deben soportar las cotizaciones sociales y lo que deben sostener los impuestos.Por el camino, las cotizaciones sociales han dejado de financiar la Sanidad, el Instituto Social de la Marina y la mayor parte de las ayudas a las pensiones más bajas del sistema, lo que se conoce como complementos a mínimos.

M.Valverde

www.expansion.com Jul.09

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